Piden destitución de funcionario luego de declaraciones polémicas Yohanna Beato

República Dominicana. – Una intensa reacción se ha generado en distintos sectores de la sociedad dominicana luego de que el periodista Ramón Tolentino hiciera pública una solicitud dirigida al presidente de la República, Luis Abinader, en la que pide la destitución de Pedro Santos Martínez, actual director del Centro Cultural Narciso González, ubicado en el sector Villa Juana, del Distrito Nacional.
La petición surge a raíz de la difusión de un material audiovisual en el que, según han señalado diversos comunicadores y usuarios en redes sociales, el funcionario habría emitido expresiones consideradas ofensivas y carentes de sensibilidad hacia una joven identificada en redes sociales como @yohannabeato. El contenido del video provocó un rechazo inmediato en plataformas digitales, generando un debate nacional sobre la conducta de los funcionarios públicos y los límites del discurso en espacios de poder.
Llamado público del periodista Ramón Tolentino
A través de sus redes sociales, Ramón Tolentino expresó su inconformidad con las declaraciones atribuidas a Santos Martínez, calificándolas como impropias para una persona que ostenta una posición dentro del Estado dominicano, especialmente en un área vinculada a la cultura y la promoción de valores sociales.
En su mensaje, Tolentino se dirigió directamente al presidente Abinader, solicitando que se revoque el nombramiento del funcionario. El comunicador sostuvo que una acción de esa naturaleza enviaría un mensaje claro sobre el compromiso del gobierno con el respeto, la inclusión y la responsabilidad institucional.
“Señor presidente Luis Abinader, para el país sería un gran honor que se deje sin efecto ese nombramiento”, expresó Tolentino en su publicación, la cual fue replicada por miles de usuarios en cuestión de horas.
Reacción en redes sociales y medios de comunicación
La denuncia se propagó rápidamente en redes sociales como X (antes Twitter), Instagram y Facebook, así como en diversos medios digitales, donde usuarios manifestaron su rechazo a cualquier tipo de expresión que consideren discriminatoria o inapropiada por parte de servidores públicos.

Numerosos comentarios coincidieron en que quienes ocupan cargos institucionales deben mantener una conducta ejemplar, tanto en espacios oficiales como en escenarios informales, debido a la influencia que ejercen sobre la sociedad.
El tema se convirtió en tendencia durante varias horas, impulsando un debate amplio sobre la ética pública, la comunicación responsable y la necesidad de supervisión constante del comportamiento de los funcionarios designados.
Expectativa ante una respuesta oficial
Hasta el momento de esta publicación, las autoridades no han emitido una posición oficial en relación con las declaraciones que han generado la polémica. Tampoco se ha producido un pronunciamiento formal por parte del Centro Cultural Narciso González, institución que dirige Pedro Santos Martínez.
La ausencia de una respuesta inmediata ha incrementado la expectativa entre ciudadanos, comunicadores y organizaciones sociales, quienes aguardan una reacción institucional que permita aclarar la situación y definir posibles medidas.
Diversos analistas consideran que el silencio oficial prolongado puede aumentar la presión pública, especialmente en un contexto donde las redes sociales amplifican rápidamente cualquier controversia relacionada con figuras del Estado.

Rol del Centro Cultural Narciso González
El Centro Cultural Narciso González es una entidad reconocida por su labor en la promoción de expresiones artísticas, culturales y comunitarias, especialmente en sectores populares del Distrito Nacional. Por esta razón, varios sectores han señalado que la persona que dirija dicho espacio debe representar valores de respeto, inclusión y compromiso social.
Comunicadores culturales y gestores comunitarios han expresado que este tipo de instituciones cumplen un rol clave en la formación de conciencia social, por lo que la conducta de sus directivos resulta fundamental para preservar su credibilidad.
“Las instituciones culturales no solo promueven arte, también promueven valores”, comentó un gestor cultural consultado por medios digitales.
Debate sobre la conducta de los funcionarios públicos
El caso ha reavivado la discusión sobre la responsabilidad ética de los funcionarios públicos en la República Dominicana, particularmente en una era donde cualquier declaración puede ser grabada, compartida y analizada en cuestión de minutos.
Especialistas en comunicación pública señalan que el ejercicio de una función estatal implica una obligación adicional de prudencia, debido a que las expresiones personales pueden ser interpretadas como posturas institucionales.
Además, destacan que el respeto a la dignidad humana y la sensibilidad ante temas sociales deben ser pilares fundamentales del discurso público, independientemente del contexto en el que se emitan las declaraciones.
Opiniones divididas, pero llamado a la reflexión
Aunque la mayoría de las reacciones han sido críticas, también se han observado opiniones que llaman a evaluar los hechos con objetividad y esperar una investigación o explicación formal antes de tomar decisiones definitivas.
No obstante, incluso entre quienes piden cautela, existe consenso en que la situación debe ser abordada de manera responsable y transparente, a fin de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
“La discusión va más allá de una persona; se trata del tipo de sociedad que queremos construir”, expresó un usuario en redes sociales.
Posible impacto en la agenda gubernamental
Analistas políticos consideran que este tipo de controversias representan un reto para la administración pública, ya que obligan al gobierno a equilibrar la gestión institucional con las demandas ciudadanas de coherencia ética.
En un contexto donde la imagen pública y la credibilidad institucional son factores clave, cualquier decisión que se adopte en este caso podría sentar precedentes sobre cómo se manejan situaciones similares en el futuro.
Importancia de la supervisión institucional
El caso también ha puesto sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y evaluación del desempeño de funcionarios designados, no solo en términos administrativos, sino también en su comportamiento público y comunicacional.
Diversos sectores han planteado la conveniencia de establecer lineamientos más claros sobre el uso de redes sociales y la participación en espacios públicos por parte de servidores del Estado.
Expectativa ciudadana ante posibles medidas
Mientras tanto, la población se mantiene atenta al desarrollo de este caso, a la espera de que las autoridades competentes emitan una declaración que aporte claridad y tranquilidad al debate público.
La situación continúa generando comentarios, análisis y reflexiones sobre la importancia del respeto, la responsabilidad y la ética en el ejercicio de funciones públicas, valores que muchos consideran esenciales para el fortalecimiento democrático del país.
Por ahora, el llamado de Ramón Tolentino sigue circulando ampliamente, convirtiéndose en un punto de referencia dentro de la discusión nacional sobre la conducta de los funcionarios y el rol de la ciudadanía en la vigilancia del poder público.

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