Denuncia pública genera debate por presunto conflicto en registro y custodia de una bebé en Barahona

Barahona, República Dominicana. Un caso expuesto recientemente en un espacio radial de alcance nacional ha generado amplio debate público y preocupación social, luego de que se denunciara una presunta irregularidad relacionada con el registro, traslado y situación actual de una bebé de apenas tres meses de nacida.

La denuncia fue presentada por el periodista Hansel García durante una transmisión del programa Esto No es Radio, donde describió una serie de hechos que, según explicó, involucrarían a familiares directos de la menor y a posibles fallas en los procesos institucionales que regulan el registro de nacimientos y la protección de la niñez.

Exposición del caso en medio radial

Durante su intervención, García detalló que el caso gira en torno a Carlos Manuel Gutiérrez, un hombre de 49 años, señalado como padre biológico de la menor, quien presuntamente habría gestionado la separación de la niña de su madre biológica bajo circunstancias que hoy están siendo cuestionadas públicamente.

De acuerdo con la versión presentada en el programa, la madre de la bebé es una joven de origen dominico-haitiano residente en la provincia de Barahona, quien, según se indicó, no contaría con documentación legal completa, situación que habría generado una condición de vulnerabilidad dentro del proceso.

El comunicador aclaró que los datos expuestos provienen de testimonios y documentos que, a su entender, ameritan una revisión exhaustiva por parte de las autoridades competentes.

Contexto familiar y relación entre las partes

Según lo explicado en el espacio radial, Carlos Manuel Gutiérrez mantiene un matrimonio legal con Geraldine Ozuna, mientras que al mismo tiempo habría sostenido una relación extramarital en el distrito municipal de Canoa, provincia Barahona, de la cual habría resultado el nacimiento de la bebé.

Gutiérrez se desempeña como operador de maquinaria pesada, y de acuerdo con la denuncia, habría tenido la capacidad logística y económica para movilizarse y realizar gestiones relacionadas con la menor.

El caso ha llamado la atención pública no solo por el vínculo familiar entre los involucrados, sino también por las presuntas irregularidades administrativas que, de confirmarse, pondrían en evidencia debilidades en los controles de registro hospitalario y civil.

Registro hospitalario bajo cuestionamientos

Uno de los puntos centrales de la denuncia se relaciona con el proceso de registro del nacimiento ocurrido el 25 de septiembre en el Hospital Regional Universitario Jaime Mota, en Barahona.

Según lo narrado por Hansel García, durante el ingreso hospitalario se habría presentado una cédula de identidad que no correspondía a la mujer que dio a luz, lo que habría permitido que otra persona figurara como madre en los documentos iniciales del nacimiento.

El periodista explicó que el brazalete de identificación asignado en el hospital reflejaba como madre a Geraldine Ozuna, a pesar de que, según su versión, ella no habría estado presente en la sala de parto en ese momento.

“Cuando se realiza el ingreso por la ventanilla, se presenta la cédula de la esposa”, explicó García al describir el procedimiento que, a su entender, facilitó la suplantación de identidad.

Asimismo, indicó que el registro de nacido vivo no aparece de forma regular, mientras que el acta de nacimiento habría sido emitida con los datos de la esposa legal del padre, lo que refuerza las dudas sobre la transparencia del proceso.

Situación legal y documental de la menor

De acuerdo con la información compartida en el programa radial, documentalmente la niña figura registrada con padre y madre reconocidos, lo que contrasta con la versión de la madre biológica, quien asegura no haber autorizado ningún tipo de cesión definitiva ni renuncia a sus derechos.

El periodista enfatizó que esta situación coloca a la madre en una posición compleja, ya que, al no figurar legalmente en los documentos oficiales, sus reclamos se enfrentan a barreras administrativas y legales.

Este aspecto ha generado inquietud entre sectores sociales y defensores de derechos humanos, quienes han reiterado la importancia de que los procesos de registro civil se realicen con estricto apego a la ley y a los protocolos establecidos.

Traslado de la bebé y pérdida de contacto

Otro elemento que ha causado preocupación es el traslado de la menor fuera de la provincia de Barahona. Según la denuncia, en el mes de diciembre el padre habría llevado a la bebé a Santo Domingo bajo el argumento de gestionar un seguro médico.

Posteriormente, el 21 de diciembre, desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, habría enviado un mensaje a la madre biológica indicando que no tendría contacto con la niña por un período estimado de tres meses a un año.

Desde ese momento, según se expuso en el programa, la madre biológica permanece en el distrito municipal de Canoa sin información clara sobre el paradero actual de su hija, situación que ha incrementado su angustia y su reclamo público.

Posible ubicación actual de la menor

De manera preliminar, se indicó que la bebé se encontraría dentro del territorio dominicano, presuntamente en una comunidad del este del país, acompañada por Carlos Manuel Gutiérrez y su esposa legal.

No obstante, esta información no ha sido confirmada oficialmente por ninguna autoridad, por lo que el caso continúa rodeado de incertidumbre y versiones encontradas.

El periodista subrayó que, más allá de las diferencias entre adultos, la prioridad debe ser el bienestar de la menor y la garantía de que sus derechos estén siendo respetados conforme a la legislación dominicana.

Versiones encontradas y debate público

Durante el desarrollo del programa radial, también se presentó una versión distinta, según la cual habría existido inicialmente un acuerdo entre los padres respecto a la custodia de la bebé, del cual la madre biológica se habría retractado posteriormente.

Esta versión fue expuesta como una hipótesis que deberá ser evaluada por las instancias correspondientes, ya que hasta el momento no se ha presentado documentación pública que confirme de manera concluyente dicho acuerdo.

El caso ha abierto un amplio debate en redes sociales y en distintos espacios de opinión, donde ciudadanos han expresado posturas diversas, coincidiendo en la necesidad de que las autoridades investiguen de manera objetiva y transparente.

Llamado a las autoridades y protección de la niñez

Especialistas en temas legales y sociales han recordado que la Ley 136-03, que establece el Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en la República Dominicana, prioriza el interés superior del menor por encima de cualquier conflicto entre adultos.

En ese sentido, se ha hecho un llamado a organismos como el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), el Ministerio Público y la Junta Central Electoral para que, de ser necesario, revisen el caso y garanticen que los procedimientos se ajusten a la ley.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de las instituciones involucradas, por lo que se espera que en los próximos días se ofrezcan aclaraciones que permitan arrojar luz sobre la situación.

Un caso que expone retos institucionales

Más allá de las personas directamente involucradas, este caso ha puesto sobre la mesa la importancia de fortalecer los controles en los procesos de registro hospitalario, identidad civil y protección de madres en condiciones de vulnerabilidad.

La exposición pública del caso ha servido como recordatorio de que la transparencia institucional y el acompañamiento social son fundamentales para evitar situaciones que puedan afectar el desarrollo y la estabilidad emocional de niños y niñas.

La ciudadanía permanece atenta a la evolución de este caso, a la espera de que las autoridades competentes determinen responsabilidades y adopten las medidas que correspondan, siempre priorizando el bienestar de la menor involucrada.